Los padres decadentes: Pequeña crónica del primero de mayo

Los padres decadentes: pequeña crónica del Primero de Mayo

En mis clases de Educación Ciudadana en secundaria, aprendí una simple definición de Estado: “Es conducta humana organizada”, decía con gran entusiasmo mi profesora. Aunado a esto, el jurista argentino Carlos Fayt, define Estado: “como la organización de poder político dentro de una comunidad nacional, mediante instituciones objetivas que declaran el derecho y lo sostienen, conservando el orden por medio de una dirección política y un cuadro administrativo diferenciado”.

Tomando como base ambas definiciones, y contrastándolas con los hechos ocurridos el Primero de Mayo en la Asamblea Legislativa, me surge la inquietud de si el Sistema Organizacional Estatal Costarricense se ajusta a las definiciones de Estado anteriormente mencionadas, ya que en Cuesta de Moras la organización política, la objetividad institucional y la conservación del orden, tristemente brillaron por su ausencia. Seudo diálogos plagados de prejuicios, y decisiones dirigidas sólo al interés de preservar la supremacía del Parlamento (P.L.N.) u obtenerla (bloque de oposición), llevaron al país al borde de una aguda crisis política.

El Gobierno, Ente Administrador del Estado y principal manifestación visible del Poder, impotente ante semejante hecho, no tuvo otra opción más que enviar el informe anual de sus labores por escrito, ya que a falta de Quórum, la Presidenta quedaba imposibilitada para presentarlo en persona, cosa que no sucedía desde hacía 75 años. El anhelo de ambos bloques de obtener la obediencia del rival fue tal, que los padres de la Patria dejaron de hacer política sólo para perseguir un banal capricho, atropellando el ideario de liberalismo y, por consiguiente, pisoteando el derecho individual de los ciudadanos costarricenses a la pronta resolución de sus funcionarios públicos y entidades oficiales (artículo 27 de la Constitución Política) e irrespetando la obligación que tienen los señores diputados a trabajar provechosamente para procurar el bienestar de la Nación (artículo 56 de la Constitución Política).

Para colmo de males, el Partido Liberación Nacional irrespetó el Principio de Legalidad, al intentar reelegir a Luis Gerardo Villanueva como presidente del Congreso con los votos de tan solo 26 diputados presentes, cuando la Constitución, sustento de todo nuestro Ordenamiento Jurídico, establece que se necesitan 38 diputados presentes para que la elección sea válida. Por tanto, ante lo sucedido, los ciudadanos debemos preguntarnos: ¿qué tan soberanos somos como partícipes en esta democracia? y si, ¿nuestros intereses realmente se ven reflejados en las acciones de nuestros parlamentarios? Después de todo, de nada nos sirve la libertad que se nos fue concedida con la Independencia, si a final de cuentas vamos a seguir regidos por una élite a la cual solamente le interesa el beneficio de otros, y no el beneficio de todos.

Jesús Arce
Estudiante de Bachillerato en Derecho - ULACIT